La verdad nos hará libres, cada vez más gente despierta

La verdad nos hará libres
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La verdad nos hará libres.
Carta de denuncia legal completa para presentar ante un juez, o cualquier autoridad: alcaldes, directores de universidad, jefes de policía, etc.
Información cedida por S.O.A. abogado comprometido por la libertad.

Herramientas para hacer frente los abusos anticonstitucionales que estamos viviendo. La verdad nos hará libres.
Para copiar, adaptar a tu caso y denunciar. A cualquier agente de seguridad o persona que quiera obligarte a hacer algo que no sea legal.

A Su Señoría:
Compadezco ante Su Señoría para poner en su conocimiento unas resoluciones del Gobierno de la Nación. Que bajo mi punto de vista y tal y como razonaré, son ilegales y constitutivos de delito.

ANTECEDENTES

En el mes de marzo el Gobierno de la nación decreta un estado de alarma que vulneraba nuestra Constitución, artículo 15. “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.

Artículo 18,
“se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

Artículo 19,
“los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Así mismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España”.

Artículo 21,
“se reconoce el derecho a la reunión pacífica y sin armas”. Artículo 43, “se reconoce el derecho a la salud”.

Artículo 55,
“la utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como la violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes”.

Artículo 139,
“ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas en todo el territorio nacional.”

Dicho estado de alarma estaba regulado por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. El cual no sólo vulnera los artículos de la Constitución a los que he hecho referencia, sino también la Ley Orgánica 4/1981 que dice, entre otras cosas, que se procederá a la declaración de alarma cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible mantener la normalidad.

En enero pasado, ya había, como todos los años, una epidemia de gripe que tenía todos los hospitales colapsados con más de ciento cincuenta mil personas que se contagiaban semanalmente. De hecho, si el Gobierno no hubiese entregado 15.000.000 de euros a los medios de comunicación, nadie se hubiese enterado, hay que ser objetivos y solamente la verdad nos hará libres. Tanto fue así, que a partir de ese día la gente dejó de morir de cáncer, infartos, o gripes estacionales. Los únicos fallecimientos listados en los canales de TV repetidamente, eran los de Covid19. Aterrorizando a una población que seguía día a día los partes de muertos como si fueran partes de guerra, porque es una guerra enmascarada, una guerra oculta.

DERECHOS VULNERADOS

Por otro lado, este Real Decreto también vulnera el Artículo 11 de la Ley Orgánica que reduce la capacidad a “limitar la circulación de personas o vehículos en horas y lugares determinados”. Pero bajo ningún concepto en que la excepción se convierta en la regla y esta en la excepción. Por último, este Real Decreto vulnera los Principios de Siracusa, de obligado cumplimiento para todas las naciones del mundo. Lo hayan ratificado o no, que deja absolutamente claro en el apartado donde habla de los derechos, que nunca pueden ser suspendidos y en el punto 1 dice:

“ningún Estado, ni siquiera en estado de excepción que amenace la vida de la nación, podrá suspender las garantías contenidas en el Pacto con respecto al derecho a la vida, a no ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Más adelante vuelve a insistir en su punto 9. “Ningún Estado, inclusive los que no son partes en el Pacto, puede suspender o violar, ni siquiera en situaciones de excepción: • el derecho a la vida • el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”

Hay que tener en cuenta que este Pacto está sustentado por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Vulnerarlo significa que puede ser constitutivo de delitos de Genocidio y de Lesa Humanidad.

Tras varias ampliaciones de este estado de alarma, el Gobierno pone fin a él. Pero no a la vulneración de la Constitución, ya que el 9 de junio con el Decreto Ley 21/2020 el Artículo 86, parece ser, sigue siendo ignorado en todas sus posibles interpretaciones. “En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I”.

Sin embargo, por si todo esto no fuese suficientemente escandaloso, permite, que habiendo promulgado un Real Decreto Ley que debería respetar la Ley Orgánica, la Constitución y la Declaración de Derechos Humanos/Principios de Siracusa, que las Comunidades Autónomas puedan ampliar la vulneración de los Derechos Humanos y Constitucionales con “ordenes” que en la escala jerárquica son las de inferior rango, y en contra de toda lógica imponen el uso indiscriminado de las mascarillas a toda la población sana desde los seis años de edad.

HECHOS

 

Con fecha 14 de julio la Junta de Andalucía aprueba el uso obligatorio de mascarillas en una población sana a partir de los seis años e incluso en la playa. Lo más indignante es que, según ellos, “son medidas PREVENTIVAS de la OMS”.

El uso extendido de las mascarillas por parte de personas sanas dentro de una misma comunidad no está avalado por la evidencia científica actual”, reza el documento con las recomendaciones sanitarias que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en un informe titulado “Consejos sobre el uso de mascarillas en el contexto de COVID-19”. Por lo que es importante tener datos en nuestro poder, ya que la verdad nos hará libres.

Se trata de un documento en el que la organización internacional se reafirma en desaconsejar el uso de la mascarilla entre personas sanas.
La publicación de este informe se produce después de que dentro de la organización se produjera un debate sobre la conveniencia o no de esta medida. Un debate que se ha alimentado con la decisión de la región italiana de Lombardía que exige su uso y multa hasta con 400 euros a quien no lleve máscara o una prenda que cubra su boca. A este debate se sumó España cuando Fernando Simón anunció el sábado pasado la posibilidad de que el uso de mascarillas sea generalizado tras levantarse la fase de confinamiento contra el coronavirus.

Nuestro gobierno fuera de la ley, utilizan y da tratamiento de obligado cumplimiento en una población sana. Pudiendo llegar a matar, o a dejar secuelas de por vida. Con un virus que curiosamente a día de hoy nadie ha aislado, purificado, secuenciado, ni grafiado, por lo que oficialmente se puede decir que NO EXISTE.


Ya se sabe con total certeza, por las autopsias realizadas en otros países, no el nuestro por cierto, que son muchos los casos que han fallecido CON Covid entre otras patologías y no POR Covid.

Hay otro comunicado todavía más contradictorio y desolador, donde nuestras autoridades admiten como si tal cosa, que no imaginaron el desastre económico provocado por estas medidas desproporcionadas, absurdas e insalubres y nos invitan a salir a la calle a consumir.

¿Con qué dinero por favor?

La verdad nos hará libres
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SITUACIÓN ACTUAL

El dinero ha creado un monstruo tan ficticio como nocivo.

Ficticio por las cifras a nivel mundial: 13.000.000 de supuestos contagios en Europa y no llega a medio millón de muertos. Todos con otras patologías. 100.000.000 de contagiados y casi 1.000.000 de muertos al año por la gripe estacional. Todavía muy lejos de los 9.000.000 de muertos por cáncer de cada año. O los más de 100.000.000 de muertos de la famosa Gripe Española.
¿A quién quieren engañar?

Nocivo, porque han aterrorizado a la población de tal forma. A base de medios de comunicación pagados, y malversación de fondos públicos, que les ha llevado a un estado de histeria colectiva. Convirtiéndolos en comisarios políticos de un plan macabro, que está destruyendo la economía del país. Sin importar el abandono escolar de casi diez millones de niños a los que hoy se les prohíbe relacionarse, obligándoles a usar bozal. La objetividad, la parcialidad o la verdad no hará libres en los medios.

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El confinamiento ilegal de 47.000.000 de personas. El aislamiento a base de terror infringido sin piedad a 8.000.000 de ancianos, provocando cientos de muertos en condiciones infrahumanas.
La destrucción de nuestro turismo y millones de puestos de trabajo perdidos.

La deuda perpetua a la que hemos sido condenados por intereses de grupos que manejan a nuestros políticos como a marionetas. Permitiéndoles que se enriquezcan con los instrumentos de tortura, las mascarillas, los PCR, etc.  Pero llegaremos hasta el final y la verdad nos hará libres.
Hoy nadie puede comprar comida si no lleva un bozal. Ni subirse en un transporte público, ni salir de su casa, ni llevar a sus hijos a la playa o al monte. Si no van todos con el bozal símbolo de la sumisión e ignorancia. Y pronto lo mismo pasará con las vacunas no obligatorias.

Nos exigen que se justifique la excepción de la mascarilla en todas partes vulnerando nuestra intimidad.

La historia clínica, en efecto, contiene (Artículo 15 de la Ley 41/2002 de Autonomía del paciente”) datos personales y de salud que están legalmente clasificados por la Ley 15/1999 de Protección de Datos como especialmente protegidos.

Artículo 18 de la Constitución, “se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

Por todo ello RUEGO

Se sirva revisar mi caso, que es el de millones de españoles, así como el Real Decreto Ley 21/2020 e instruir a las Fuerzas de Seguridad de que, en ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución vigente o a las leyes.
Así como recordar a los Ayuntamientos que la Policía Local tiene unas competencias totalmente definidas en la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo art. 53.

Evidentemente, sabemos que muy pronto veremos a estos delincuentes ante la Corte Penal Internacional y contamos con la ventaja de que estos crímenes no prescriben.

Cada vez más gente está despertando y la verdad nos hará libres. Y ya tenemos claro quiénes son los delincuentes aquí.

Y usted, Sr. Juez, ¿Qué piensa hacer?