Cambios en la tramitación de proyectos renovables buscan fortalecer la industria y cumplir con los objetivos de energía limpia para 2030.

En un paso significativo hacia la consolidación de la transición energética, el Gobierno ha anunciado una ampliación en los plazos para tramitar nuevos proyectos de energías renovables. Esta medida, enmarcada en el Real Decreto-ley 23/2020, apunta a fortalecer la industria europea vinculada a la transición energética y a suavizar las tensiones en la cadena de valor.

Ampliación de Plazos para la Tramitación Administrativa

La modificación más destacada es la extensión del plazo para obtener la Autorización Administrativa de Construcción de un proyecto renovable, que pasa a 49 meses. Además, se permite a los promotores ampliar el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Explotación hasta un máximo de ocho años, con la condición de indicar el semestre previsto para la entrada en servicio de la instalación. Para los parques eólicos marinos y los bombeos hidroeléctricos, el plazo total de tramitación se extiende a nueve años.

Incorporación Ordenada y Sostenible de Nuevas Instalaciones

Estas medidas buscan una incorporación más ordenada y previsible de nuevas instalaciones renovables. El objetivo es aumentar la visibilidad en la senda para alcanzar los objetivos nacionales de producción de energía limpia para 2030 y beneficiar a la economía en un contexto de creciente electrificación.

Nuevos Criterios en las Subastas de Potencia Renovable

Otro cambio relevante se refiere a las subastas de nueva potencia renovable. A partir de ahora, se podrán incluir criterios de adjudicación no económicos, con una ponderación máxima del 30%. Estos criterios incluyen la contribución a la resiliencia, la sostenibilidad ambiental, la innovación y el impacto socioeconómico del proyecto, entre otros aspectos que fomentan la integración de las energías renovables en el sistema eléctrico.

Financiación y Medidas Adicionales

Estas modificaciones forman parte de un paquete más amplio de medidas presentadas por el Gobierno para enfrentar la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Se financiarán con el superávit registrado en el sistema eléctrico durante 2022 y posiblemente en 2023, así como con partidas específicas de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Con esta estrategia, el Gobierno busca equilibrar las necesidades de la transición energética con los desafíos económicos actuales. La ampliación de los plazos para tramitar proyectos renovables no solo alivia las presiones de la industria, sino que también refuerza el compromiso de España con sus objetivos de energía limpia y sostenible.

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